El PSOE pide televisión gratuita para los pacientes del hospital de Aranda
Registra una PNL en las Cortes para que la Junta asuma el servicio como ocurre en el HUBU
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición no de Ley en las Cortes de Castilla y León para instar a la Junta a asumir el coste del servicio multimedia para pacientes que presta la empresa Medip Health S.L. en el hospital comarcal Santos Reyes de Aranda de Duero, como también lo solicita para el Santiago Apóstol Miranda de Ebro.
La procuradora Virginia Jiménez defiende que el cobro por este servicio supone un “agravio comparativo” con respecto a los pacientes del Hospital Universitario de Burgos, (HUBU), en donde es gratuito. “Pedimos que las condiciones sean las mismas para los ingresados en los otros dos centros hospitalarios públicos de la provincia”, explica.
Tanto en Miranda como en Aranda, la adjudicación de esta prestación por sus respectivas gerencias de Atención Especializada data del 19 de junio de 2017 y tiene una vigencia de 15 años. Con la declaración del Estado de Alarma ambos expedientes quedaron suspendidos y estos hospitales ofrecieron el servicio de televisión en abierto gratuito hasta el pasado 1 de junio, “con las correspondientes desconcentraciones de crédito”, subraya Jiménez.
“La reanudación del cobro generó un descontento generalizado entre los pacientes, según nos han trasladado en las últimas semanas y este Grupo considera obligado, por el interés público y general de la ciudadanía, que sea la Junta quien asuma el coste”, añade.
Según señala, la recaudación media por día y terminal asciende a 0,82 euros diarios. El hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro cuenta con 106 y el Santos Reyes de Aranda de Duero con 102, con lo que “creemos que es un coste que puede ser perfectamente asumido por la Administración autonómica”.
Jiménez considera que la Covid-19 refuerza la justificación de esta demanda, puesto que “los pacientes ingresados están sometidos a un estrés añadido y, en muchos casos, se ven obligados a un aislamiento en el que se les impide las visitas de familiares y amigos y tienen un escaso contacto con el exterior”. La medida beneficiaría, según estima, a una población potencial superior a las 130.000 personas de las áreas de salud que atienden estos dos hospitales.
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición no de Ley en las Cortes de Castilla y León para instar a la Junta a asumir el coste del servicio multimedia para pacientes que presta la empresa Medip Health S.L. en el hospital comarcal Santos Reyes de Aranda de Duero, como también lo solicita para el Santiago Apóstol Miranda de Ebro.
La procuradora Virginia Jiménez defiende que el cobro por este servicio supone un “agravio comparativo” con respecto a los pacientes del Hospital Universitario de Burgos, (HUBU), en donde es gratuito. “Pedimos que las condiciones sean las mismas para los ingresados en los otros dos centros hospitalarios públicos de la provincia”, explica.
Tanto en Miranda como en Aranda, la adjudicación de esta prestación por sus respectivas gerencias de Atención Especializada data del 19 de junio de 2017 y tiene una vigencia de 15 años. Con la declaración del Estado de Alarma ambos expedientes quedaron suspendidos y estos hospitales ofrecieron el servicio de televisión en abierto gratuito hasta el pasado 1 de junio, “con las correspondientes desconcentraciones de crédito”, subraya Jiménez.
“La reanudación del cobro generó un descontento generalizado entre los pacientes, según nos han trasladado en las últimas semanas y este Grupo considera obligado, por el interés público y general de la ciudadanía, que sea la Junta quien asuma el coste”, añade.
Según señala, la recaudación media por día y terminal asciende a 0,82 euros diarios. El hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro cuenta con 106 y el Santos Reyes de Aranda de Duero con 102, con lo que “creemos que es un coste que puede ser perfectamente asumido por la Administración autonómica”.
Jiménez considera que la Covid-19 refuerza la justificación de esta demanda, puesto que “los pacientes ingresados están sometidos a un estrés añadido y, en muchos casos, se ven obligados a un aislamiento en el que se les impide las visitas de familiares y amigos y tienen un escaso contacto con el exterior”. La medida beneficiaría, según estima, a una población potencial superior a las 130.000 personas de las áreas de salud que atienden estos dos hospitales.
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