Bono social eléctrico: 17.000 nuevos beneficiarios

Casi 17.000 nuevos beneficiarios se han incorporado al bono social eléctrico desde la declaración del estado de alarma por la crisis del coronavirus, superando así ya los 1,3 millones de familias que lo reciben.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, valoró las coberturas puestas por el Ejecutivo desde que estalló esta crisis por la pandemia para «facilitar la vida» de los ciudadanos.

En concreto, con los últimos datos del Gobierno correspondientes a la semana del 30 de marzo al 5 de abril, esta cifra de nuevos beneficiarios del bono social eléctrico asciende a 16.690.

Con la declaración del estado de alarma por el coronavirus, el Gobierno decidió prorrogar su vigencia a los beneficiarios que debían renovar su solicitud, pudiendo así realizar el trámite hasta el próximo 15 de septiembre.

Más de 70.000 hogares al mes se benefician del bono social eléctrico

Según indicó Montero, con esta prórroga automática por estos seis meses se estima que se se está beneficiando a más de 70.000 hogares al mes gracias la medida.

Además, el Ejecutivo extendió posteriormente el derecho a acogerse a este bono social de electricidad a los trabajadores afectados por despidos y a los autónomos que hayan cesado su actividad o reducida su facturación por la crisis del coronavirus.

El bono social eléctrico es un descuento en la factura de la luz de entre un 25% y un 40%, para consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos, respectivamente, que cumplan los requisitos establecidos. Asimismo, los beneficiarios  a 31 de diciembre cada ejercicio son perceptores automáticos del bono social térmico.

A finales del pasado mes de febrero, más de 1,29 millones de familias recibían el bono social. El colectivo de pensionistas con pensiones mínimas suponía aproximadamente el 13% del total de beneficiarios.

Fuente: El Periódico de la Energía

El Gobierno progresista destierra el 0,25% de Rajoy

El Gobierno garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas 

El Ejecutivo de coalición liderado por Pedro Sánchez adoptó en su primer Consejo de Ministros una decisión de calado: la revalorización de más de 11 millones de pensiones para garantizar el poder adquisitivo de los y las pensionistas. En palabras del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, se trata de “que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo” y de trasladar “un compromiso nítido” con las personas mayores.

Sánchez recordó también que, con esta decisión, se corrige “el techo del 0,25%” impuesto por el Gobierno del PP, que implicó que las pensiones sólo subían un cuarto de punto al año con independencia del alza de los precios. Ese mecanismo, adoptado “sin consenso ni diálogo, y al margen del Pacto de Toledo”, supuso “una pérdida de poder adquisitivo” para los pensionistas, tal y como recordó en una rueda de prensa el presidente del Gobierno

La revalorización del 0,25% fue introducida por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy como parte de la reforma de las pensiones de 2013, adoptada sin consenso en el Pacto de Toledo y en contra de los intereses de los y las pensionistas, ya que implicaba una pérdida de poder adquisitivo al desvincular la revalorización de sus pagas de la evolución de los precios. Hasta entonces, las pensiones se revalorizaban de acuerdo al IPC de noviembre.

Así, en 2014, 2015, 2016 y 2017 las pensiones sólo subieron un 0,25% al año, pese a que la inflación acumulada entre enero de 2014 y diciembre de 2017 fue del 3,0%, según datos del INE, lo que significa que los y las pensionistas perdieron poder adquisitivo. El PSOE incluyó ya en su programa de 2015 la derogación de esta reforma y la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, y cumplió tras llegar al Gobierno en 2018.

En diciembre de 2018, pocos meses después de su llegada a La Moncloa, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una subida del 1,6% para todas las pensiones, y del 3% en el caso de las mínimas. El Consejo de Ministros dejó así sin efecto el 0,25% decretado por Rajoy y garantizó los derechos de los pensionistas. Dado que el IPC en 2019 fue, finalmente, del 0,8% (inferior al previsto inicialmente), los pensionistas ganaron poder adquisitivo por primera vez en años.

Para 2020, el Gobierno de Sánchez ha aprobado una subida del 0,9% para todas las pensiones, en línea con las previsiones de inflación para ese ejercicio. Si los precios subieran más, los pensionistas recibirían una paga compensatoria antes de 2021, para garantizar la suficiencia de las pensiones. Esta medida figuraba en el programa de los socialistas para las generales de 2019, y figura también en el pacto de coalición firmado con Unidas Podemos.

En concreto, la hoja de ruta del Gobierno progresista señala, en torno a las pensiones, que “se blindarán las pensiones de nuestros mayores” asegurando “la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida” de “forma permanente” impulsando, además, un nuevo Pacto de Toledo y elevando especialmente el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.

El Gobierno aprueba un plan contra la contaminación para cumplir con los objetivos europeos

El Ejecutivo, además, da luz verde a ayudas para la contratación de casi 2.000 investigadores, mejorando las condiciones de la convocatoria con respecto al año anterior.

27/09/2019

El Consejo de Ministros aprobó este viernes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, el primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. Este plan, que estará vigente de 2019 a 2022, busca una reducción de los niveles de contaminación y cumple con los compromisos que España tiene en virtud de una serie de directivas europeas.

El paquete de medidas incluye actuaciones relativas a la agricultura, la energía, la industria, el transporte por carretera, mar y aire, la calefacción doméstica y la fabricación de disolventes, entre otras cuestiones. El objetivo final es alcanzar reducciones de entre el 21% y el 92% en la presencia de distintos contaminantes tales como el amoniaco, el azufre o el óxido de nitrógeno.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, recordó el anuncio del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que España aportará 150 millones de euros al fondo verde del clima y subrayó que el Ejecutivo está "al lado de los jóvenes que se están manifestando para afrontar el reto del cambio climático".

Celaá también se refirió a la exhumación de los restos del dictador Franco, sobre la que apuntó que, una vez se conozca la sentencia del Supremo, el Gobierno aprobará un acuerdo para fijar todos los detalles. Además, reiteró que se realizará "con todas las garantías" y "de forma decorosa", en cumplimiento tanto del mandato del Congreso como de las recomendaciones de la ONU.

Por otro lado, el Ejecutivo dio luz verde este viernes a dos convocatorias de ayudas para la contratación de casi 2.000 investigadores predoctorales, dotada con 188 millones de euros, 15 millones más que el año anterior. Además, estos investigadores verán elevadas sus retribuciones en un 8% de media con respecto a los niveles de la anterior convocatoria.

Finalmente, Celaá anunció la contratación de helicópteros contra incendios para el periodo 2020-2022. En concreto, se han contratado 19 aparatos para el transporte de los brigadistas y el lanzamiento de agua, con una inversión total de 74,5 millones de euros. El propósito es lograr la respuesta más eficaz posible ante cualquier fuego.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

En esta página (https://socialistaspdd.blogspot.com/p/blog-page.html) pondremos las reglas para la concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos de la provincia de Burgos, para el desarrollo de programas y/o actividades de índole social. Según vayan dejando de tener validez, a fin de evitar la acumulación de texto ya sin interés, quedará SÓLO el anuncio en un párrafo dedicado exclusivamente a esa finalidad.

Si quieres colaborar y encuentras algún tipo de ayuda para nuestro municipio envía un email a: socialistaspdd@gmail.com. 

Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo

El Consejo de Ministros ha autorizado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la convocatoria de subvenciones para el año 2019 destinadas a financiar los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo.

El importe de la convocatoria asciende a 12.668.200 euros, a ejecutar en 2019 (10.358.200 euros) y 2020 (2.310.000 euros), que se financiarán con cargo al presupuesto de gastos del SEPE de 2019.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha destacado que estos centros se configuran como un programa mixto de empleo y formación y tienen por objetivo mejorar la empleabilidad de personas desempleadas y facilitar su inserción laboral.

Por otra parte, el Gobierno ha establecido las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del mundo rural.

Isabel Celaá ha explicado que estas ayudas contarán con una dotación anual de aproximadamente dos millones de euros y posibilitarán la formación de cerca de 16.000 profesionales del ámbito rural en cada ejercicio económico mediante la impartición de 850 actuaciones formativas. Se otorgarán a través de convocatorias plurianuales que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.

¿Por qué es inevitable la renta básica?

Las cuentas de la igualdad no cuadran en España, donde la tasa de riesgo de pobreza sigue enquistada por encima del 21% de la población tras cinco años de recuperación de las variables macroeconómicas, un periodo en el que las rentas netas familiares han mejorado un 9,6% (de 30.031 a 32.929 euros entre 2014 y 2018) mientras el PIB crecía un 16,4% al pasar de 1,037 a 1,208 billones).

A ese gripado del sistema de distribución de las rentas, en el que la precarización del mercado laboral convive con un desconocido aumento de las ganancias empresariales, se le añaden otras tendencias inquietantes, como la que, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), indica que el riesgo de caer en una situación de pobreza es ahora mayor que en plena crisis en todos los sectores sociales, incluidos los trabajadores, y en todas las franjas de edad, salvo la de 30 a 44 años.

En ese contexto, y tras haber tomado el Congreso en consideración la pasada legislatura la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de CCOO y UGT para implantar una renta básica garantizada de 426 euros mensuales con el único voto en contra de PP y C’s, la Airef, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, ha abierto en canal el debate al poner sobre la mesa varias alternativas entre las que se incluye una compatible con el trabajo que, con un coste máximo de 3.500 millones de euros, resulta sostenible y permitiría reducir en casi dos tercios el volumen de personas en situación de pobreza en un país en el que 600.000 hogares carecen de ingresos.

VIERNES SOCIALES: Marco Estratégico en Política Pyme 2030

El Consejo de Ministros ha aprobado el Marco Estratégico en Política Pyme 2030 Pequeña y Mediana Empresa, un sector que engloba al 99% del tejido empresarial y representa casi el 62% del Valor Añadido Bruto -cifra superior a la media europea- y el 66,5% del empleo empresarial total.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha explicado que el objetivo de esta medida es "mejorar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas" para que afronten con éxito retos como la digitalización, la sostenibilidad y la internacionalización, y contribuir a su crecimiento.

Maroto ha señalado que "España es un país de pymes" porque nueve de cada diez empresas lo son, y, además, la mitad de ellas son micropymes. La mayoría (73,82%) se concentra en el sector servicios y en tres comunidades autónomas (Cataluña, Madrid y Andalucía), lo que les resta competitividad. Esta situación, según ha expuesto la ministra, supone un desafío para el crecimiento económico porque las empresas tan pequeñas y tan atomizadas tienen más dificultades para atraer talento, acceder a financiación, invertir en innovación y exportar.

Propuestas de actuación

El marco aprobado propone siete palancas -emprendimiento; gestión empresarial y talento; marco regulatorio; financiación; innovación y digitalización; sostenibilidad, e internacionalización- y contempla 50 líneas de actuación.

La ministra ha resaltado que es necesario crear un entorno favorable para que se creen empresas, así como profesionalizar a los gestores empresariales para atraer y retener el talento. Además, hay que crear un marco regulatorio que elimine las trabas para el crecimiento y la consolidación de las empresas.

En cuanto a la financiación, Maroto ha avanzado que el marco propone seguir avanzando en instrumentos alternativos al crédito bancario y en dotarnos de mejores mecanismos para reducir la morosidad: implantar un régimen sancionador o un sistema arbitral de morosidad y promover códigos de buenas prácticas.

Reyes Maroto ha afirmado que la innovación y la digitalización tienen que acompañar a las pymes, así como la sostenibilidad, necesaria para seguir creciendo y generando empleo. "Es necesario avanzar en la transición hacia una economía baja en carbono. También aprovechar los elementos que nos da la economía circular e incorporar algunos elementos que tienen que ver con el cálculo de la huella de carbono y elaborar planes para la reducción de emisiones", ha dicho.

Respecto a la internacionalización, la ministra ha manifestado que supone creación de riqueza y empleo, por lo que hay que poner a disposición de las empresas los instrumentos financieros adecuados a sus necesidades.

El Consejo Estatal de la PYME será el órgano de seguimiento de este marco.

Acompañamiento financiero a las pymes

El Ejecutivo ha aprobado un total de 456,1 millones de euros para impulsar el crecimiento, la internacionalización y el ahorro energético de las pymes.

La ministra ha anticipado que la Empresa Nacional de Innovación gestionará tres líneas de préstamos participativos: Línea Pymes, Línea de Empresas de Base Tecnológica y Líneas Jóvenes Emprendedores, que suman 98,5 millones de euros. Se estima que impulsarán proyectos innovadores con una inversión inducida de 220 millones de euros y un impacto de 1.600 empleos directos.

Además, el Gobierno ha creado la línea FIEM-Pyme, dotada con 50 millones de euros y orientada a proyectos de internacionalización de menos de tres millones de euros. Asimismo, ha destinado 307,6 millones de euros para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía final en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas del sector industrial.

Reyes Maroto ha concretado que las ayudas se destinarán a la tecnología en equipos y procesos industriales y a la implantación de sistemas de gestión energética que "nos van a permitir avanzar en el gran desafío de combatir el cambio climático y preservar nuestro medio natural alineándolos de nuevo con la Agenda 2030".

VIERNES SOCIALES: Fortalecimiento de la Atención Primaria

En materia sanitaria, el Gobierno también ha abordado el Marco Estratégico de Atención Primaria de Salud con el fin de revitalizar y reforzar la sanidad pública.

María Luisa Carcedo ha subrayado que la Atención Primaria es un servicio público que atiende a los ciudadanos a través de 13.000 centros de salud y 457 hospitales públicos repartidos por todo el territorio nacional: "Es un instrumento para garantizar la universalidad y la equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud".

La urgencia de abordar la puesta al día del sistema, según ha apuntado la ministra, es compartida por las comunidades autónomas, los pacientes y las asociaciones sanitarias. Además, responde a las movilizaciones de los profesionales sanitarios en demanda de mejoras en la calidad del sistema.

La ministra ha defendido que la Atención Primaria debe adaptarse para dar una mejor respuesta a las necesidades actuales de los pacientes, a la prevalencia de enfermedades crónicas y a la mayor esperanza de vida de los ciudadanos. También debe disponer de más y mejor tecnología: "Contamos con unos especialistas de medicina familiar y comunitaria muy formados y cualificados para interpretar las nuevas tecnologías y, por tanto, tienen una mayor capacidad de resolución en los centros de salud, contribuyendo así a aliviar la presión sobre la atención especializada y a eliminar las listas de espera".

Igualmente, Carcedo ha apostado por responder a las expectativas de los profesionales en materia de organización, formación, docencia e investigación.

Por primera vez en 30 años, ha resaltado la ministra, hay un documento elaborado con las aportaciones de pacientes, profesionales y de las administraciones que plantea un nuevo marco de referencia para la Atención Primaria y renueva su liderazgo como eje fundamental del Sistema Nacional de Salud.

Mejor atención al paciente

El marco presentado por la ministra incorpora seis líneas estratégicas, 23 objetivos y 100 medidas, entre las que figuran que las citas médicas para la atención no urgente se atiendan en menos de 48 horas y que se aprueben ofertas públicas de empleo con periodicidad, al menos bienal, para reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8%.

El texto fija como objetivo que en el año 2022 cada profesional sanitario tenga un cupo de 1.500 pacientes en atención a adultos y 1.000 en pediatría. También actualiza los programas de atención médica domiciliaria e impulsa la formación, la docencia y la investigación.

En este sentido, la ministra ha avanzado que los centros de salud tienen que convertirse también en unidades docentes para contribuir a formar especialistas no solo en medicina familiar, sino en especialidades de atención hospitalaria.

Carcedo ha recordado que el Sistema Nacional de Salud es uno de los logros más importantes de nuestra democracia, es uno de los servicios más valorados por la ciudadanía, facilita la equidad, la cohesión en el país y, además, emplea a más de medio millón de personas.

VIERNES SOCIALES: ESTABLECER UNA POLÍTICA DE ESTADO SOBRE ALZHEIMER

El Consejo de Ministros ha analizado las principales líneas del Plan de Nacional de Alzheimer 2019-2023, que pretende mejorar el diagnóstico de la enfermedad, la atención a las personas afectadas y a los familiares que los cuidan. El texto recibió el respaldo mayoritario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 10 de abril.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha informado de que el alzheimer afecta a más de 700.000 personas mayores de 40 años en España y se estima que en el año 2050 lo padecerán en torno a dos millones.

Carcedo ha explicado que el plan, que se elabora por primera vez, tiene como objetivo afrontar el reto social y sanitario que plantea la enfermedad. El documento sigue las directrices de la Organización Mundial de la Salud, respeta la declaración del Parlamento Europeo en la lucha contra el alzheimer y cumple con la Proposición no de Ley que aprobó el Congreso de los Diputados en 2017 instando al Gobierno a establecer una Política de Estado de Alzheimer.

Entre las líneas de actuación recogidas en el plan, la ministra ha destacado la necesidad de fomentar la investigación sobre los factores desencadenantes de la enfermedad, avanzar en su diagnóstico precoz y en la elección de los tratamientos más adecuados entre todos los disponibles. Asimismo, Carcedo ha subrayado la importancia de mejorar tanto los servicios asistenciales como los sociales para ayudar a los familiares cuidadores y de generar la empatía de la sociedad con las personas que sufren alzheimer. 

VIERNES SOCIALES: RETO DEMOGRÁFICO

Directrices generales de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico

El Consejo de Ministros ha acordado las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que incluye un diagnóstico demográfico y territorial y plantea líneas transversales de actuación para luchar contra el envejecimiento y la despoblación y para lograr un mayor equilibrio entre el mundo rural y urbano.

La ministra de Política Territorial y Función Pública,  Meritxell Batet, ha dicho que los datos "permiten entender bien de qué estamos hablando".  El 80% de los municipios españoles está perdiendo población, mientras que el 48,4% está en "riesgo de despoblación" al estar por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Por otro lado, España disfruta de la esperanza de vida más alta de la Unión Europea, 83,4 años, al tiempo que posee la segunda tasa más baja en fecundidad, 1,31 hijos por mujer frente a la media europea de 1,6.

Junto con la pérdida de población y el envejecimiento, otra tendencia es la progresiva masculinización del territorio. "En el 75% de los municipios hay más hombres que mujeres", ha detallado la ministra. Por último, respecto a la población flotante y el impacto que supone su llegada estacional, por razones turísticas o de empleo, seis comunidades -Canarias, Cataluña, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid- han acumulado el 86% de las pernoctaciones durante 2018.

Las directrices plantean siete ejes transversales con medidas como la mejora de la conectividad y la banda ancha, o la incorporación de la valoración del impacto demográfico, "como ya pasa con el impacto ambiental o de género", en la normativa de nueva redacción y en las licitaciones públicas de las administraciones,

No obstante, la ministra ha reconocido que "no existen recetas únicas ni universales" para hacer frente a una situación tan compleja, y que todas las propuestas deberán estar adaptadas a la situación social y económica de cada lugar para aprovechar sus potencialidades.,

En este sentido, Batet, que ha definido la estrategia como "un auténtico acuerdo de país", ha subrayado la importancia de la cooperación entre los gobiernos de España, de las comunidades autónomas y de las entidades locales "para dar coherencia a las diferentes iniciativas públicas, evitar discordancias y efectos de competencia negativa entre territorios". La ministra ha destacado que esta colaboración ya se ha producido en la elaboración del documento, hecho que ha agradecido expresamente. 

VIERNES SOCIALES: 34.000 PLAZAS DE EMPLEO PÚBLICO

El Gobierno aprueba la Oferta de Empleo Público 2019 con casi 34.000 plazas

El Consejo de Gobierno ha aprobado una Oferta de Empleo Público para el año 2019 de 33.793 plazas. En ellas están incluidas las 383 ya aprobadas el pasado mes de febrero para la incorporación de personal de nuevo ingreso en los sectores estratégicos ante la retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

La ministra de Política Territorial y Función Pública,  Meritxell Batet, ha afirmado que esta oferta responde, por primera vez, "a una auténtica política de planificación en el diseño de la estrategia de recursos humanos en la Administración General del Estado".

Batet ha explicado que esta nueva metodología se ha realizado a partir de un informe sobre la situación actual de la plantilla de personal funcionario y laboral y de una estimación plurianual de las plazas necesarias en cada ministerio para los próximos tres años, lo que ha permitido "basar las decisiones en las necesidades reales y actuales de recursos humanos que es necesario satisfacer".

Los datos contenidos en el Registro Central de Personal a fecha 1 de enero de este año sitúan la edad media de los empleados públicos de la AGE en los 52 años, diez años por encima de la media de edad en el conjunto de la población activa. Solo el 10% tiene menos de 40 años.

Al problema del envejecimiento progresivo, la ministra ha sumado el de la pérdida de efectivos. Entre 2009 y 2019, las tasas mínimas de reposición ya supusieron la pérdida de 36.512 puestos en la Administración General del Estado, mientras que en 2019 se prevé la jubilación de un 14% del personal, una cifra que superará el 51% en los próximos diez años y que, para algunos grupos, como los auxiliares administrativos, podría alcanzar el 62%.

Batet ha defendido la necesidad "ineludible" de una reposición suficiente de personal a lo largo de los próximos años, para recuperar un nivel de empleo público adecuado. La ministra ha recordado que España se sitúa actualmente por debajo de la media europea de asalariados del sector público respecto a la población de cada país, un 2,7% frente al 3%, según los datos de Eurostat. "Las administraciones públicas españolas no están sobredimensionadas", ha señalado.

La ministra ha explicado que, además de cuantitativamente, la oferta de empleo para 2019 ha tenido en cuenta las necesidades cualitativas de los servicios públicos y que, por ello, se refuerzan esencialmente los servicios de atención a la ciudadanía y territoriales, como los servicios de empleo, tráfico, Catastro, Seguridad Social y los que prestan las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. "También se priorizan el sector de la I+D+i, la lucha contra los fraudes fiscal y laboral, la administración penitenciaria y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones", ha añadido.

VIERNES SOCIALES: ESTRATEGIA CONTRA LA POBREZA

Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social

El Gobierno ha aprobado la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023. El documento recoge noventa líneas de acción transversal, que serán concretadas anualmente a través de planes de acción específicos.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha explicado que el documento parte de la preocupación por las tasas de desigualdad y pobreza en España, que son más altas que la media de la Unión Europea y que afectan especialmente a los jóvenes, la infancia y las familias monomarentales.

Carcedo ha afirmado que la pobreza, especialmente la infantil, "es una injusticia para quien la sufre, pero además supone una pérdida de talento y de potencial de crecimiento del país". Por ello ha defendido que "toda la ciudadanía tenga las mismas oportunidades" y que el crecimiento económico se reparta "de manera inclusiva para ser capaces de romper el círculo de la pobreza".

La Estrategia plantea, como primera meta fundamental, combatir la falta de recursos para que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas. Entre las medidas destinadas a conseguirlo, Carcedo ha destacado el ingreso mínimo vital y ha explicado que ya se ha aplicado la primera decisión concreta mediante "el incremento de la asignación por hijo a cargo, que pasará de 291 a 431 euros anuales, y en caso de pobreza severa, a 588 euros".

El segundo objetivo se centra en la inversión social en las personas y en la prevención de futuras situaciones de necesidad. Carcedo ha puesto como ejemplo el impulso "a las políticas activas de empleo para las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral".

Como tercera meta, la Estrategia señala la consolidación de los servicios públicos en general, y específicamente los sanitarios, educativos y sociales, "que para nosotros deben ser, de forma irrenunciable, universales y de calidad", ha afirmado la ministra.

En la elaboración de este documento ha participado el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil y también se ha contado con los diferentes ministerios con competencias en protección social, el Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales y los interlocutores sociales.

NUEVAS PROPUESTAS EN LOS VIERNES SOCIALES: RETORNO

NUEVAS PROPUESTAS DE LOS VIERNES SOCIALES: EL RETORNO DE NUESTR@S JÓVENES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Retorno a España con el fin de fomentar el regreso de los españoles que salieron de país por la crisis económica en busca de oportunidades de empleo acordes con su formación.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que, bajo el lema "Un país para volver", el plan cuenta con la implicación de 10 ministerios y con la colaboración de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de unas 60 empresas.

El Plan de Retorno desarrollará un total de 50 medidas y está dotado con un presupuesto que asciende a 24.209.400 euros, de los que 12.389.400 euros se adjudicarán en 2019 y 11.820.000 euros en 2020. Es un plan inclusivo y no discriminatorio por razón de edad, nivel de formación o lugar de origen, y está diseñado para atender las demandas de diferentes perfiles de emigrantes.

En este sentido, Isabel Celáa ha precisado que se dirige tanto a los jóvenes como familias que salieron del país en busca de empleo. En una primera instancia, ha dicho, permitirá atender las necesidades de unas 10.000 personas y, con posterioridad, a unas 24.000.

Principales medidas

La portavoz ha avanzado que se creará la Ventanilla Única del Retorno para ofrecer información oficial y contrastada y recopilar la documentación que necesita el ciudadano. Además, el Servicio de Mediación Laboral y Buscador de Empleo ofrecerá un asesoramiento personalizado a empresas y particulares a través de mediadores laborales.

Isabel Celaá también ha destacado que se impulsarán las becas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva con el fin de que los jóvenes científicos que están investigando fuera puedan hacerlo en España para una institución española. De esta manera, ha dicho, el talento que se fue podría regresar a España.

El plan incluye una bonificación de la cuota de la Seguridad Social de autónomos para emigrantes que retornen para emprender, a quienes se aplicará una tarifa plana de 60 euros mensuales. Se estima que esta medida podría beneficiar a unas 2.300 personas.