Las cuentas de la igualdad no cuadran en España, donde la tasa de riesgo de pobreza sigue enquistada por encima del 21% de la población tras cinco años de recuperación de las variables macroeconómicas, un periodo en el que las rentas netas familiares han mejorado un 9,6% (de 30.031 a 32.929 euros entre 2014 y 2018) mientras el PIB crecía un 16,4% al pasar de 1,037 a 1,208 billones).
A ese gripado del sistema de distribución de las rentas, en el que la precarización del mercado laboral convive con un desconocido aumento de las ganancias empresariales, se le añaden otras tendencias inquietantes, como la que, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), indica que el riesgo de caer en una situación de pobreza es ahora mayor que en plena crisis en todos los sectores sociales, incluidos los trabajadores, y en todas las franjas de edad, salvo la de 30 a 44 años.
En ese contexto, y tras haber tomado el Congreso en consideración la pasada legislatura la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de CCOO y UGT para implantar una renta básica garantizada de 426 euros mensuales con el único voto en contra de PP y C’s, la Airef, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, ha abierto en canal el debate al poner sobre la mesa varias alternativas entre las que se incluye una compatible con el trabajo que, con un coste máximo de 3.500 millones de euros, resulta sostenible y permitiría reducir en casi dos tercios el volumen de personas en situación de pobreza en un país en el que 600.000 hogares carecen de ingresos.
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