Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social
El Gobierno ha aprobado la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023. El documento recoge noventa líneas de acción transversal, que serán concretadas anualmente a través de planes de acción específicos.
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha explicado que el documento parte de la preocupación por las tasas de desigualdad y pobreza en España, que son más altas que la media de la Unión Europea y que afectan especialmente a los jóvenes, la infancia y las familias monomarentales.
Carcedo ha afirmado que la pobreza, especialmente la infantil, "es una injusticia para quien la sufre, pero además supone una pérdida de talento y de potencial de crecimiento del país". Por ello ha defendido que "toda la ciudadanía tenga las mismas oportunidades" y que el crecimiento económico se reparta "de manera inclusiva para ser capaces de romper el círculo de la pobreza".
La Estrategia plantea, como primera meta fundamental, combatir la falta de recursos para que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas. Entre las medidas destinadas a conseguirlo, Carcedo ha destacado el ingreso mínimo vital y ha explicado que ya se ha aplicado la primera decisión concreta mediante "el incremento de la asignación por hijo a cargo, que pasará de 291 a 431 euros anuales, y en caso de pobreza severa, a 588 euros".
El segundo objetivo se centra en la inversión social en las personas y en la prevención de futuras situaciones de necesidad. Carcedo ha puesto como ejemplo el impulso "a las políticas activas de empleo para las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral".
Como tercera meta, la Estrategia señala la consolidación de los servicios públicos en general, y específicamente los sanitarios, educativos y sociales, "que para nosotros deben ser, de forma irrenunciable, universales y de calidad", ha afirmado la ministra.
En la elaboración de este documento ha participado el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil y también se ha contado con los diferentes ministerios con competencias en protección social, el Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales y los interlocutores sociales.
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