EL PRECIO PAGADO POR CIUDADANOS: CALLARSE SOBRE EL HUBU

LUIS BRIONES: “A CIUDADANOS SE LA HAN VUELTO A ENVAINAR: UNO DE LOS PRECIOS DE SU PACTO CON EL PP ES CALLARSE EN TORNO AL HUBU”

PSOE, junto a otras agrupaciones políticas y varias asociaciones defienden su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los sobrecostes del HUBU e insisten en pedir su reversión a la sanidad pública 

El representante del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Investigación del Hospital de Burgos, Luis Briones, se mostró rotundo en afirmar hoy que “a Ciudadanos se la han vuelto a envainar: uno de los precios de su pacto con el PP es callarse en torno al Hospital de Burgos”.

Así lo señaló Briones en una rueda de prensa ofrecida por los firmantes de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos sobrecostes del HUBU. Así, acompañado de Podemos, Izquierda Unida y representantes de las asociaciones ‘Sanidad Pública Sí’, ‘Ecologistas en Acción’ y ‘Asociación Libre Arquitectura’, Briones arremetió contra el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel por guardar silencio cuando firmó la denuncia en representación de su Grupo y “no a título personal”.

Briones, quien defendió esta denuncia consecuencia de la insistencia del PP en “tapar un auténtico escándalo”, sostuvo que el contrato “más importante” de la Junta para la construcción, gestión y explotación de HUBU tiene que ser investigado porque hay “indicios latentes” de irregularidades en todas las fases de un centro que ha pasado de tener que costar 1.000 millones de euros a más de 1.600.

Mañana se constituyen las Cortes con un acuerdo entre PP y Ciudadanos firmado en Madrid, recordó el procurador burgalés, y preguntó a Igea si a partir de esa denuncia “firmada por un cualificado miembro de Ciudadanos”, va a tomar “cartas en el asunto” o “va a hacer lo mismo que con la regeneración”.

“Queremos saber si ha estado presente el HUBU en las negociaciones entre el PP y Ciudadanos, si se va a denunciar el contrato por los incumplimientos, si se va a estudiar la reversión a la sanidad pública, si se va a seguir pagando el canon o si se van a exigir responsabilidades por todas las irregularidades”, remarcó.

Ciudadanos, insistió Luis Briones, pidió la comisión de investigación, firmó unas conclusiones y ha firmado dos denuncias ante los tribunales. “Yo creo que el señor Igea tiene que haber visto estas denuncias porque ambas son por presunta corrupción, prevaricación y malversación de caudales públicos”.

Por eso, pidió a Igea que dé la cara “o algún comisario político de Madrid”, para que aclare qué es lo que pacta con el PP: “Si la parte de la denuncia o la de repartirse los sillones”.

“Me pregunto si no han vetado a Mitadiel para que esté en esta rueda de prensa porque el silencio es más que evidente para decir que Ciudadanos se la ha vuelto a envainar y uno de los precios es callarse con el tema del HUBU”, continuó, para añadir que el PSOE “no se va a callar” y seguirá exigiendo responsabilidades.

COMPROMISO DEL PSOE CON EL PROGRESO DE LA PROVINCIA

JURADO RATIFICA EL COMPROMISO DEL PSOE CON EL PROGRESO DE LA PROVINCIA FRENTE AL TENDERETE POLÍTICO DE PP Y CIUDADANOS

El portavoz socialista en la Diputación lamenta que el acuerdo entre las dos derechas ha impedido gobernar al PSOE, el grupo mayoritario, e impedido un cambio real de políticas

El portavoz socialista en la Diputación Provincial de Burgos, David Jurado, ha ratificado el compromiso del PSOE con el progreso de la provincia, mediante la reversión de competencias impropias, la apuesta por los planes de inversiones y no de subvenciones, el apoyo a las mancomunidades de servicios de servicios, una política industrial de desarrollo, el aumento de los recursos de los centros de acción social y la apertura de la Diputación a la transparencia y la participación.

Estos son los objetivos por los que luchará el Grupo Socialista desde la oposición a pesar de ser el grupo mayoritario, con 11 diputados provinciales, porque el “tenderete político” de PP (10) y Ciudadanos (3) a nivel nacional ha propiciado un acuerdo de derechas para formar gobierno, “lo que ha impedido un cambio real de políticas”, como ha lamentado Jurado en su discurso de toma de posesión de la nueva Corporación provincial para el próximo mandato 2019-2023.

El portavoz socialista ha criticado que Ciudadanos haya accedido a revalidar al frente de la Institución provincial al PP, con César Rico a la cabeza, con lo que este será su tercer mandato como presidente, en contra de lo que la formación de Albert Rivera defendió hace cuatro años en su discurso de investidura y a lo largo de la campaña electoral, en contra de los mandatos superiores a los 8 años, incluso para los diputados provinciales.

“Señores diputados de Ciudadanos, ustedes han supuesto un fraude político para esta provincia y ustedes han frustrado sus aspiraciones de cambio”, les ha dicho. “Deberán dar explicaciones por ello, los vecinos y las vecinas se las exigirán, porque por mucho que se esfuercen en retorcer la realidad y vender un  cambio inexistente, no se cambia nada apuntalando a quien lleva toda la vida gobernando esta Institución”, ha añadido.

“¿Dónde han quedado sus famosas líneas rojas” Ustedes hoy han ganado un sillón, tres para ser exactos, pero han perdido la palabra”, ha dicho a los diputados de Ciudadanos.

También ha recordado que el PP defendió en el pasado mandato que gobernara la lista más votada y que, en aquel debate plenario, el ahora vicepresidente de la Diputación se mostró contrario a los gobiernos formados a partir de la suma de minorías, porque entendía, según dijo, que suponían una recompensa. “Hoy Ciudadanos convierte el agua en vino y de dos minorías ha hecho una mayoría”, ha replicado y les ha pregunta al PP y a la formación naranja si van a explicar “qué se ha vendido y comprado estos días”, aunque teme que ignoran la respuesta, porque la tienen las direcciones nacionales y regionales de sus partidos.

Jurado ha sido crítico con el rechazo de la formación de Rivera a hablar con el PSOE, la fuerza más votada, para construir una alternativa política. “Había dos opciones: mantener el actual modelo agotado de Diputación, limitado en su mayoría al reparto de subvenciones, o por el contrario, hacer una Diputación más transparente y participativa, que de verdad sea útil a los ayuntamientos de la provincia, para que puedan prestar los servicios a los que están obligados”, ha subrayado.

Para Jurado “hoy es un día triste para la provincia”, que vuelve a tener al PP al frente del Gobierno en coalición con Ciudadanos, que ha salido a su rescate y “este acuerdo entre las dos derechas ha impedido un cambio real de políticas y me atrevo a pronosticar que en unos meses seguiremos hablando de los mismos problemas de siempre y que nunca encuentran solución”.

¿Por qué es inevitable la renta básica?

Las cuentas de la igualdad no cuadran en España, donde la tasa de riesgo de pobreza sigue enquistada por encima del 21% de la población tras cinco años de recuperación de las variables macroeconómicas, un periodo en el que las rentas netas familiares han mejorado un 9,6% (de 30.031 a 32.929 euros entre 2014 y 2018) mientras el PIB crecía un 16,4% al pasar de 1,037 a 1,208 billones).

A ese gripado del sistema de distribución de las rentas, en el que la precarización del mercado laboral convive con un desconocido aumento de las ganancias empresariales, se le añaden otras tendencias inquietantes, como la que, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), indica que el riesgo de caer en una situación de pobreza es ahora mayor que en plena crisis en todos los sectores sociales, incluidos los trabajadores, y en todas las franjas de edad, salvo la de 30 a 44 años.

En ese contexto, y tras haber tomado el Congreso en consideración la pasada legislatura la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de CCOO y UGT para implantar una renta básica garantizada de 426 euros mensuales con el único voto en contra de PP y C’s, la Airef, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, ha abierto en canal el debate al poner sobre la mesa varias alternativas entre las que se incluye una compatible con el trabajo que, con un coste máximo de 3.500 millones de euros, resulta sostenible y permitiría reducir en casi dos tercios el volumen de personas en situación de pobreza en un país en el que 600.000 hogares carecen de ingresos.

PLAN DE EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Servicio de Formación, empleo y desarrollo local

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial, celebrada el día 24 de mayo de 2019, se aprobó la resolución de concesión de las subvenciones del Plan I Empleo 2019, con el siguiente tenor literal:

«Aprobación del Plan I Empleo 2019 – Resolución de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, financiadas íntegramente por la Excma. Diputación de Burgos, para la contratación temporal por parte de los municipios de la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes, de personas desempleadas que se encuentren inscritas en el servicio público de empleo, para la realización de obras y servicios de interés general y social.

Dada cuenta de la propuesta presentada por el Presidente de la Comisión de Personal, Formación y Empleo e Informática y Administración Electrónica don Ricardo Martínez Rayón, de fecha 23 de mayo de 2019, y habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de 5 de marzo de 2019, el extracto del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta Corporación el 15 de febrero de 2019, por el que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de las subvenciones del Plan I de Empleo 2019, en régimen de concurrencia competitiva y financiadas íntegramente por la Diputación de Burgos, para la contratación temporal por parte de los municipios de la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes, de personas desempleadas que se encuentren inscritas en el Servicio Público de Empleo, para la realización de obras o servicios de interés general o social y habiendo transcurrido el plazo para la presentación de solicitudes/aceptaciones, se debe proceder a la concesión de las mismas. La base decimotercera de las bases reguladoras establece que el órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Formación, Empleo y Desarrollo Local, que realizará las actuaciones oportunas en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución.

Visto el informe del citado Servicio, y de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, una vez realizado el estudio y valoración de las solicitudes recibidas, y aplicando los criterios de valoración establecidos y con el límite del crédito presupuestario asignado, se procede a la concesión de subvenciones a los municipios beneficiarios, expresándose igualmente la relación de solicitantes para los que se propone la denegación de la subvención y la causa debidamente motivada.

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero. – Resolver la convocatoria correspondiente al Plan I Empleo 2019, en régimen de concurrencia competitiva y financiadas íntegramente por la Diputación Provincial de Burgos, para la contratación temporal por parte de los municipios de la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes, de personas desempleadas que se encuentren inscritas en el Servicio Público de Empleo, para la realización de obras y servicios de interés general y social, en los términos siguientes:

A)  Conceder la subvención correspondiente al Plan I Empleo 2019, Peñaranda de Duero, por el importe inicial que se indica: 10,000 € correspondientes a una población de 527 habitantes y una media de paro anual de 30,25. 

Un código penal en revisión

Los expertos proponen eliminar el delito de abuso y que todo ataque sexual sea considerado una agresión, agravada si hubiera penetración

El camino que ha recorrido la controvertida sentencia de La Manada dictada hace poco más de un año y revisada ayer por el Tribunal Supremo ha sido largo ante el clamor social que exigía una revisión del Código Penal. Desde el PSOE asumimos la necesidad de adaptar la tipificación de los delitos sexuales a la realidad social actual, un proyecto que quedó inconcluso con la convocatoria electoral.

El Código Penal establece que un acto contra la libertad o la indemnidad sexual de otra persona sin su consentimiento es un abuso sexual, y que solo si hay violencia o intimidación el delito será de agresión sexual. Una violación, con la ley en la mano, es una agresión sexual con penetración, pero si no se demuestra la existencia de violencia o intimidación a la víctima, quedará en un delito tipificado actualmente como abuso sexual.

En este contexto, cabe señalar que los abusos sexuales están penados con entre uno y tres años de cárcel y si hay penetración, con entre cuatro y 10 años.

Las agresiones sexuales, por su parte, se castigan con penas de cárcel de uno a cinco años. Si se demuestra, además, que hay penetración, la condena será de seis a 12 años, hasta 15 si se trata de actos grupales, contra personas vulnerables o de forma especialmente degradante.

En el caso de los cinco jóvenes sevillanos acusados de haber violado en grupo a una joven en los Sanfermines en 2016, la Audiencia de Navarra estimó que no hubo violencia o intimidación y los condenó a nueve años de prisión por abuso sexual, mientras, el fallo de ayer del Tribunal Supremo elevó ayer la condena a 15 años, estimando que fue una violación múltiple, no un abuso sexual.

Tras la moción de censura y la llegada del PSOE al Gobierno, el proyecto de encargar con urgencia un informe a la Comisión de Codificación, órgano consultivo del Ministerio de Justicia, para revisar el actual Código Penal español para que estuviera a la altura de lo que exige el pueblo, siguió adelante y el pasado diciembre los expertos presentaron un informe que proponía un cambio terminológico de calado: eliminar el tipo de abusos sexuales, de modo que todo ataque sexual sea considerado una agresión. La violación sería una agresión con penetración. Los expertos acordaron mantener en 15 años la máxima condena por un delito de violación, pese a que esa es la pena prevista para un homicidio. Su propuesta es que esa pena máxima solo se aplique si concurren al menos dos de las circunstancias agravantes anteriormente citadas.

Los juristas analizaron también las diferentes circunstancias en las que pueden registrarse las agresiones para evaluar su incidencia en la pena y distinguir, por ejemplo, si una víctima ha tomado alcohol o drogas por voluntad propia o ha sido drogada y su voluntad anulada, lo que aumentaría la responsabilidad del autor.

Sobre la mesa está también la posible limitación de los beneficios penitenciarios que aún están establecidos en estos casos -como los permisos o el tercer grado- a presos por delitos sexuales.