RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ALCALDES/AS DE CASTILLA Y LEÓN, DE 28 DE FEBRERO DE 2020, SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 7/2013, DE ORDENACIÓN, SERVICIOS Y GOBIERNO DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.
La Junta de Castilla y León ha presentado un anteproyecto de ley para modificar la Ley 7/2013, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, que se aprobó con el objetivo de mejorar la convergencia y la cohesión territorial, demográfica y económica de la Comunidad, impulsar una mayor cercanía en la prestación de los servicios y garantizar el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León a los servicios públicos de calidad, en condiciones de igualdad, se resida donde se resida.
Sin embargo, para el conjunto de la ciudadanía, la Ley 7/2013, a día de hoy, no ha tenido ningún efecto. Para la arquitectura institucional de Castilla y León y para los ayuntamientos, prácticamente tampoco.
La ordenación del territorio es la expresión espacial de toda la política económica, social, cultural y ecológica. Para hacerla operativa deben definirse unidades territoriales funcionales (que funcionen), mayores que los municipios y menores que las provincias, para la realización óptima de sus objetivos.
Estas unidades funcionales en realidad son las comarcas, no necesariamente como entidad local, sino como “circunscripción administrativa de la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de sus fines”, […] con “características geográficas, económicas, sociales e históricas afines” (art. 46 Estatuto de Autonomía). Por tanto con cierta identidad y masa crítica para la implementación de proyectos de desarrollo y la gestión de servicios de titularidad autonómica.
OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO:
Desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible :
Dotación equilibrada de infraestructuras y equipamientos.
Gestión equilibrada y compensatoria de políticas de fomento e incentivos a la actividad económica y el empleo.
Optimización de los recursos y oportunidades, en coherencia con los valores singulares del territorio.
Calidad de vida
Dotación equilibrada de servicios públicos.
Garantía de acceso en condiciones de equidad
Gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y gestión del patrimonio cultural
Políticas de desarrollo sostenible que compatibilicen la demanda de
recursos y la exigencia de conservación.
Respeto a las peculiaridades locales y fortalecimiento de la identidad cultural.
¿EN QUÉ CONSISTE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2013, QUE PRESENTA LA JUNTA?
El anteproyecto que presentan PP y Cs es una amenaza para la ciudadanía. Es en realidad un proyecto de más y nuevos recortes.
Pretende que los servicios públicos de titularidad autonómica se presten a una distancia de hasta 30 minutos por los medios habituales de locomoción por carretera. Eso son, como media, al menos 40 km. de distancia.
Pretende este anteproyecto que la ciudadanía del medio rural tenga
garantizada ¡pero a 40 km de su casa! la atención primaria de salud, la educación infantil y primaria, los servicios sociales esenciales, el transporte público de viajeros y también el acceso a internet, telefonía y televisión digital.
Un auténtico plan para justificar mediante ley de las Cortes el abandono de los pueblos y de sus servicios públicos básicos. Un simple plan de recortes que llevará al abandono y la despoblación de nuestro medio rural.
Para aprobar los mapas de servicios hasta ahora se necesitaba el voto de dos tercios de las Cortes. No se podía hacer sin el PSOE. No se ha hecho, porque no se ha garantizado un adecuado mapa de servicios, según el propio criterio de este Consejo de 16.04.2016.
Este anteproyecto elimina esa mayoría reforzada. Eso significa que la ordenación del territorio deja de ser una cuestión “de Comunidad” para convertirse en una iniciativa partidista del PP y Cs.
Contiene tres modificaciones sustanciales:
- Elimina la mayoría reforzada en la aprobación de los mapas de ordenación de servicios, porque saben que el PSOE no va a consentir un solo recorte en servicios esenciales.
- Suprime el doble nivel en la jerarquía de unidades de ordenación. Antes UBOST en el nivel básico, y áreas funcionales en el segundo nivel.
- Ahora se deja en un único nivel: las áreas funcionales. Si antes los servicios se garantizaban para un territorio más pequeño, ahora sólo se garantizan para un territorio más grande (de hasta 40 km. de radio).
- Se eliminan los consorcios provinciales de servicios generales.
Desde luego no es un proyecto municipalista, pero tampoco parece que se caracterice por la confianza en las Diputaciones.
Sin embargo, NO se aprovecha esta modificación para abordar en el anteproyecto de ley los desequilibrios y fracturas territoriales, de carácter económico y demográfico, que se vienen ampliando en la Comunidad y denuncian las Entidades Locales los agentes económicos y sociales y el conjunto de la ciudadanía.
Tampoco se refuerza el liderazgo territorial de las ciudades medias de Castilla y León, cuyo motor es imprescindible para el desarrollo del conjunto del territorio.
UNA TRAYECTORIA DE FRACASOS EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Todas las iniciativas de los gobiernos del PP en materia de ordenación del territorio han sido un fracaso. La propuesta del gobierno de coalición de PP y Cs, empeora todo lo anterior, lo que no era fácil.
Consideramos que, siete años después de su aprobación, la ley 7/2103 ha demostrado su ineficacia por falta de compromiso, antes del PP y ahora de Cs con los servicios públicos y con la ciudadanía de Castilla y León. Por ello entendemos que deben deslindarse nítidamente las materias de ordenación del territorio y de régimen local y desarrollarse normativamente de forma completamente autónoma, considerando además la diferente naturaleza de las competencias autonómicas en sendas materias.
Ni una cosa ni otra podrá hacerse sin el acuerdo de los Ayuntamientos, las Juntas Vecinales, las Diputaciones Provinciales, de los agentes socioeconómicos y de los profesionales que prestan sus servicios en el medio rural, escuchando y conociendo sus necesidades, con respeto a las peculiaridades de cada uno de los territorios. Por eso tenemos un diálogo abierto con todos ellos para construir una propuesta común de ordenación que blinde los servicios públicos en el medio rural, mejore la calidad de vida y refuerce la sostenibilidad económica, demográfica y social.
Queremos una ordenación del territorio útil, orientada a “la modernización y el desarrollo integral de las zonas rurales de Castilla y León, dotándolas de infraestructuras y servicios públicos suficientes”, de actividad económica y oportunidades de empleo, como nos mandata el Estatuto de Autonomía (Art. 16.10) y una Administración local moderna, autónoma y suficientemente financiada, en coordinación y cooperación con el resto de administración, transparente y abierta a la participación, para hacer realidad el derecho de la ciudadanía a una buena administración de proximidad.
Esta es la razón de ser de la mayoría reforzada acordada en la LEY
7/2013, porque es un asunto de comunidad y así debe seguir siendo.
Los Socialistas de Castilla y León, sensibles con las manifestaciones que se multiplican en la Comunidad en defensa de los servicios públicos y exigiendo atención para crisis sectoriales y territoriales que afectas a comarcas y provincias de la Comunidad, a través de nuestro Consejo de Alcaldes, emitimos la presente resolución, en coherencia con la aprobada el 16.04.2016, con el objetivo de blindar los servicios públicos de titularidad autonómica en el medio rural y exigir medidas efectivas y urgentes de convergencia económica y demográficas para la cohesión social y territorial, y en defensa de la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía.
ACUERDO DE RESOLUCIÓN
1. Exigimos que desde el gobierno autonómico se deje de jugar con el medio rural de Castilla y León, y con sus Ayuntamientos con el pretexto de la ordenación del territorio.
2. Exigimos la inmediata presentación de un mapa de garantías de localización, dotación y continuidad de los servicios de atención
primaria de salud, sin un solo recorte respecto a la situación de máxima dotación en este siglo.
3. Exigimos la presentación del mapa de garantías de los demás servicios públicos esenciales existentes en el ámbito rural, manteniendo todos los actualmente existentes.
4. Los mapas de garantías de servicios que presente la Junta de Castilla y León, para su sometimiento a audiencia de los Ayuntamientos y otras entidades locales y participación ciudadana, deben recoger de forma nominal todos los Municipios y Entidades Locales Menores de Castilla y León, detallando qué servicios van a recibir sus ciudadanos/as y dónde se van a prestar, con indicadores objetivos de cobertura, frecuencias y medios públicos de acceso. Ningún ciudadano del medio rural tendrá estos servicios a una distancia física superior a aquella en que los recibe en la actualidad.
5. Con objeto de luchar contra la despoblación y el conjunto de los retos demográficos, estos mapas deben incluir un plan de mejora de los servicios públicos de competencia autonómica, revertiendo los recortes, en el que se corrijan las deficiencias existentes mediante la ampliación y mejora de servicios y condiciones de acceso, con equidad respecto al medio urbano.
6. Los mapas contemplarán el estándar mínimo de cobertura para cada uno de los servicios autonómicos, determinando los recursos materiales y personales con que se ha de dotar a cada uno de ellos a lo largo de la legislatura.
7. Los mapas determinarán el plan de transporte público para el acceso a los servicios autonómicos esenciales, al objeto de garantizar el acceso en condiciones de igualdad a los mismos de toda la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia.
8. El acceso a internet en banda ancha y a redes de telecomunicaciones se debe garantizar en todos los pueblos o núcleos de población, a velocidad y precio competitivos.
9. No aceptamos ninguna discriminación entre mancomunidades por razón de rango o calificación jurídica. Todas las mancomunidades merecen el mismo apoyo en la política de cooperación económica de la Junta de Castilla y León, que debe regularse con criterios objetivos. La dimensión de cada una de ellas obedece a criterios de escala y eficiencia propios de los servicios que presta, adaptados a las condiciones tecnológicas, territoriales y sociales en que se desarrollan, por lo que reclamamos reconocimiento, respeto y apoyo técnico y económico para ellas por parte de la Administración autonómica. La misma consideración ha de hacerse respecto a las entidades locales históricas asociativas, como las Comunidades de Villa y Tierra.
En cualquier caso y al objeto de compatibilizar el sistema de las mancomunidades existentes con las mancomunidades de interés general y en respeto a la autonomía local, se determinará que la cartera de competencias de las de interés general no se cerrará, si no que en cada una de ellas se puedan establecer los criterios adoptados a las necesidades de los Municipios que las componen.
Apoyamos igualmente el resto de entidades de cooperación supramunicipal, como los consorcios, particularmente los de ámbito provincial, así como el conjunto de las redes de cooperación entre entidades locales.
10. En materia de financiación local es imprescindible comprometer un incremento importante de la participación de los municipios en los ingresos de la Comunidad para cada ejercicio de la legislatura, que llegue directamente a todos los Ayuntamientos.
El objetivo debe ser que el nivel de transferencias de la Comunidad a los Ayuntamiento en €/habitante/año se aproxime a la media española, para garantizar el nivel adecuado de prestación de servicios públicos locales, lo que equivale a duplicar en la legislatura los fondos de participación de las entidades locales en los ingresos de la Comunidad, reforzando su incondicionalidad, como garantía de autonomía local .
11. Una vez más proponemos regulación inmediata del Fondo Autonómico de Compensación y el Plan Plurianual de Convergencia Interior, previstos en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007, para su aplicación en el actual ejercicio económico de 2020, una vez que se ha constatado que la brecha territorial en materia económica y demográfica se ha incrementado en los últimos años, con la percepción ciudadana de verdaderas crisis territoriales en varias de nuestras comarcas y provincias.
12. Ambos instrumentos de convergencia y cohesión territorial, deben orientarse a la generación de actividad económica y la creación de empleo, garantizando además el acceso a las infraestructuras y servicios públicos.
Por ello deben incluir un programa detallado de inversiones para la legislatura, cuya aplicación sea proporcional a los desequilibrios económicos y demográficos que sea preciso corregir en cada territorio, contemplando la posibilidad de que una parte significativa de los proyectos financiados por el Fondo sean gestionados directamente por las Corporaciones Locales.
13. El Plan de convergencia interior, debe reforzar el liderazgo territorial de las ciudades de Castilla y León, con proyectos de cooperación rural-urbano que, con la cooperación de las Universidades, contribuyan al fomento de la investigación y al desarrollo de proyectos innovadores.
14. Proponemos que el desarrollo de los instrumentos de ordenación del territorio, de competencia exclusiva de la Comunidad, se atengan a lo previsto en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio, dotando a Castilla y León de un modelo territorial, del que carece 37 años después de aprobado el Estatuto de Autonomía, sin confundir esta materia con la organización territorial del mapa local.
15. Proponemos reconocer de forma efectiva la importancia histórica y raigambre democrática y social de las Entidades Locales Menores desarrollando una financiación específica para las mismas como garantía del mantenimiento de los servicios que prestan a sus vecinos, con criterios de solidaridad intramunicipal.
16. Procede también que se tenga en cuenta el carácter singular e identitario de la Comarca de El Bierzo , en virtud de la Ley 1/1991 y del propio Estatuto de Autonomía ( Art. 46.3).
17. Igualmente proponemos que, en desarrollo del título tercero del Estatuto de Autonomía, se actualice la normativa autonómica en materia de régimen local, competencia de desarrollo normativo y ejecución por parte de la Comunidad, sin confundirla con la ordenación del territorio. Esta puesta al día debe estar orientada por el principio de subsidiariedad, que exige una adecuada financiación para hacer efectivo el principio de autonomía local.
Se trataría por tanto de crear los instrumentos para intensificar la cooperación técnica con las entidades locales e incrementar la financiación y la cooperación económica local.
DISPOSICIONES FINALES
1.- Trasladar el presente acuerdo a la Junta de Castilla y León.
2.- Trasladar el presente acuerdo a las Diputaciones provinciales de Castilla y León.
3.- Si el anteproyecto, llega a las Cortes como Proyecto de Ley, el Grupo Parlamentario Socialista presentará la correspondiente enmienda de totalidad, sometiendo, en su caso, a este Consejo las enmiendas parciales que corresponda.
