La Junta de Castilla y León sigue provocando el pánico en sus piruetas sobre Ordenación del Territorio y, ahora, ha decidido cambiar el máximo de tiempo de 30 minutos en el desplazamiento por carretera desde un núcleo de población al centro de referencia del área funcional rural en el que se vayan a prestar los servicios públicos, como recoge el anteproyecto de ley de modificación de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio. El problema es que, como no hay mapas de ordenación, NO SE ENTIENDE HASTA DONDE TENDRÁN QUE DESPLAZARSE l@s peñarandinos para recibir los servicios públicos de competencia autonómica.
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior aprobará por el Consejo de Gobierno, entorno al mes de junio esas autocorreciones. También, cambiará que no sea solo un municipio el que concentre los servicios, sino que a uno se pueda acudir al centro de salud y a otro al educativo. ¿Que opina nuestro equipo de gobierno municipal sobre el hecho de que nuestr@s hij@s o las personas que padezcan alguna enfermedad puedan tener que desplazarse hasta 60 km. de distancia?
Según las alegaciones de varios expertos, el límite máximo de 30 minutos de tiempo recorrido por carretera entre el municipio prestador de los servicios y las localidades del área funcional «se antoja excesivo», porque en «algunos casos ese límite puede suponer hasta 60 kilómetros de distancia entre ambos núcleos».
Todo este juego de ilusionismo tramposo que hoy deja caer una noticia, mañana la cambia y dos días después se saca de la manga una verdad a medias, no es otra cosa que buscar la excusa para el recorte de servicios públicos y forzar la creación de Mancomunidades de Interés General, violentando voluntades esta legislatura y agrediendo sin más, si esta gente vuelve a salir en el gobierno la próxima legislatura.
El nuevo gobierno de perdedores que está en la Junta, dejó la competencia de ordenación en la consejería asignada a Francisco Igea (Cs), que ha decido modificar la ley de Ordenación del Territorio, donde recoge no sólo el cambio de la mayoría cualificada por mayoría simple -elemento que bloqueó la aprobación de los mapas rurales-, sino la isocrona de tiempo máximo y una disposición adicional para que los municipios se puedan mancomunar sin esperar a los mapas.
La Junta dice que «No quiere tirar ellos las líneas de las áreas funcionales desde Valladolid, sino que las den los que están en los municipios», sostiene. Por eso, una de las alternativas es que los equipos de gobierno municipales, están elaborando pactos, convenios o líneas de reparto de servicios sin contar con la ciudadanía. Y eso que la alternativa es peor: NO SE ENTERAN DE NADA Y SE DECIDEN RECORTES DE SERVICIOS A SUS ESPALDAS.
Por último, avanza que trabajan ya en la cartera de servicios públicos de las mancomunidades de interés general rurales para tener adelantado este trabajo una vez aprobada la ley y éstas se puedan constituir sin darse cuenta que eso desacredita su anuncio de participación pública por tener todo preparado independientemente de la voluntad de la ciudadanía de Castilla y León que se siente engañada.
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