El Gobierno impedirá la vulneración de derechos de los niñ@s y la práctica ilegal del 'pin parental' iniciando, si es necesario un proceso judicial para conseguirlo.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa dirigida a imponer un "pin parental" en los centros educativos, al considerarlo "una censura previa" a las actividades programadas por los colegios.
Un anuncio que ha sido respaldado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a través de un tuit ha comentado que "el pin parental vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación", que es "un derecho fundamental, un derecho constitucional".
La ministra Isabel Celaá ha manifestado en un comunicado su "rechazo" a esta práctica que ha calificado de ilegal.
El pin parental, defendido por derechistas, xenófobos y ultras, permite no autorizar la asistencia de l@s alumn@s a actividades complementarias incluidas en el currículo escolar.
Para el Ministerio, la imposición del denominado pin parental por parte de gobiernos dirigidos por ultras s los centros educativos en comunidades donde gobiernan, es contraria a la Ley Orgánica de Educación (LOE), a las propias normas autonómicas, así como a la Ley Contra la Violencia de Género.
Subraya, además, que la iniciativa "ha generado una gran controversia y rechazo por parte de la comunidad educativa".
Celaá ha insistido en que el veto a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una "objeción de conciencia encubierta" que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española.
Asímismo, contraviene diversos tratados internacionales ratificados por España (Convención sobre los Derechos del Niño, Declaración Universal de los Derechos Humanos), y el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la normativa educativa, la legislación sobre la violencia y la normativa específica en materia LGTBI, señala el Ministerio.
Educación ha recordado que la normativa prescribe que son los docentes quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes.
El propio Tribunal Constitucional ha señalado en diversas sentencias que el derecho a la objeción de conciencia solo existe en nuestro ordenamiento en los casos expresamente contemplados por la Constitución y las leyes.
En Andalucía, la implantación del "pin parental" fue una las condiciones de Vox para negociar el Gobierno autonómico con el PP, al igual que sucedió en Murcia, donde este debate acapara los titulares de estos días. El riesgo llega a lugares donde el PP tiene el poder gracias a la aportación ultra como podría ser Madrid u otras autonomías.
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