Peñaranda de Duero es, desde hace unos días un lugar sin posibilidad de sacar dinero en efectivo cuando uno quiera: nos unimos a la larga lista de personas que viven en el mundo rural (e incluso en algunos barrios de las ciudades) por el creciente cierre de oficinas bancarias que echan la persiana y con ello dejan sin un servicio básico a estos pueblos.
Nos quieren vender la idea de que la ciudadanía quiere usar las tarjetas de pago en la TPV en lugar de pagar en efectivo, pero el gráfico es claro:
La fuente es el banco de España. No vayan a pensar que es cosa de bolivarianos. El motivo del auge del pago con tarjeta es la reducción de los cajeros automáticos, además de las limitaciones de horarios de caja en las oficinas que aún están abiertas, el intento de imponer la modalidad de "pago con móvil" en lugares donde Internet viaja en el tres de Badajoz y el abandono, por parte de la banca de la España Vaciada.
La situación es "complicada" y hay incluso vecinos mayores que ceden las claves de sus tarjetas a los más jóvenes para que les traigan dinero cuando viajan a Aranda de Duero a 18 kilómetros.
La realidad es que en 2017 la mitad de los pueblos de España ya no tenía ningún banco abierto: 4.109 núcleos rurales en los que viven 1,25 millones de personas.
Este fenómeno, conocido en algunos ámbitos como "exclusión financiera", es progresivo y en la última década ha llevado al cierre de casi 18.000 oficinas en todo el territorio.
En Peñaranda de Duero te puedes encontrar que no puedes comprar en la tienda de alimentación, comer en uno de los más emblemáticos restaurantes con comprar una muestra de artesanía porque éstos comercios no disponen de TPV, debido a sus onerosas comisiones económicas y sus posibles clientes, deben venir pertrechados con grandes cantidades de dinero en efectivo para poder no "quedarse con las ganas de comer, beber o comprar".
Desde la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) consideran que el acceso a servicios financieros debería estar asegurado en todos los territorios y pide colaboración entre administraciones y empresas para que ningún pueblo sufra estas carencias.
Para REDR se trata de una cuestión de "justicia" y defiende que no se puede hablar del fenómeno de la despoblación "y seguir comprobando cómo los habitantes rurales se ven cada vez más desplazados y abandonados.
Volviendo a las comisiones, el comercio debe pagar una comisión por cada operación que se realiza con tarjeta. Son dos importes: por un lado las tasas de descuento, que son las comisiones que debe abonar el comerciante al banco adquirente por habilitar la aceptación de pago con tarjeta a través de un TPV, que no están reguladas y dependen de cada entidad. Y también hay que tener en cuenta las tasas de intercambio, las que debe pagar el banco adquirente, dueño del TPV, al banco emisor de la tarjeta.
No es cierto que la ciudadanía prefiera usar el dinero plástico, es que está condicionada por la usura del sistema bancario.
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