Desde nuestra presentación como candidatura a las elecciones de 2019, toda nuestra actuación parte del convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes y ágiles, tal y como indica la ley.
Los principios principales que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, son como más destacados el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La materialización de estos principios se produce en el procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.
No ejercer, durante la presente pandemia una gestión de los recursos públicos, de la ordenación de la administración, de la obligación de dar cumplido final a las actuaciones de reglamentación, a la transparencia, a la información pública, etc... socava la legalidad vigente y anula el derecho de la ciudadanía a una buena gobernanza que la la Ley dice que una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadan@s, sino que también refuerza las garantías de l@s interesad@s. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados.
El mundo rural en general, pero Peñaranda de Duero en especial, necesita de una administración local que tenga iniciativa legislativa y agilice su potestad normativa recogiendo los principios constitucionales en este ámbito. Este equipo de gobierno que llegó en 2019 no cumple los requisitos.
Estamos finalizando 2020, y hasta ahora no se ha presentado ninguna propuesta de regulación de las ordenanzas vigentes, teniendo en cuenta la obligatoriedad de incrementar la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas, entre las que destaca, la necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión de la ciudadanía acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Este Plan de ordenación de la normativa municipal fuerza al equipo de gobierno a divulgar un Plan Anual Normativo en el que se recogerán todas las propuestas con rango de ordenanzas o de reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente. Términos como "ponerse a disposición" de otra administración sin informar de los detalles que se ofrecen, de las posibilidades económicas del municipio, de las capacidades técnicas de la institución que se somete de esa forma, es cuanto menos, inmoral y desde 2015 podría tacharse de ilegal.
El equipo de gobierno termina el año con la pretensión de no renovar, crear ni modificar ninguna ordenanza. Lo hace a pesar de que, desde el primer momento, les mostramos la forma y el camino legal para hacerlo. Esa forma y ese camino legal pasan por el deber de revisar de forma continua la adaptación de la normativa a los principios de buena regulación, se impone la obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las normas en vigor, con el objeto de comprobar si han cumplido los objetivos perseguidos y si el coste y cargas derivados de ellas estaba justificado y adecuadamente valorado. Y desde que se obliga al ajuste presupuestario, si el coste está ajustado a los ingresos obtenidos. A este tipo de actitudes me refería cuando en el pasado Pleno puse en duda la capacidad de gestión: ¿Dónde están los informes sobre las ordenanzas fiscales de 2019 y 2020? ¿Dónde está el incremento de participación ciudadana? ¿Dónde están los objetivos que se busca con cada ordenanza? ¿Se han cumplido? ¿Dónde la Transparencia y la publicación en la Sede electrónica del ayuntamiento? o en su defecto, ¿en qué lugar del Portal de Transparencia? La visión del equipo de gobierno no es transparente es transparrancia.
El equipo de gobierno del PP falla en el procedimiento necesario para gobernar de forma justa, falla en la transparencia para que la información llegue de la misma forma a toda la ciudadanía, falla en la administración a no disponer de los mecanismo necesario avalados por las oficinas técnicas y jurídicas municipales, falla en la valoración continuada de la ordenación municipal, falla en la actualización de las formas de gobernar y falla en la lealtad institucional al poner, por encima de todo lo demás, su supervivencia política convirtiendo en rehenes a la ciudadanía al no afrontar la necesidad de ampliar la base del equipo de gobierno con sus aliados naturales. Los mismo con los que gobierna en la Diputación y en la Junta.
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